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Septiembre de 2006

Uno de los aspectos que se considera cuando se aborda el proceso de institucionalización del MERCOSUR, es la construcción de la legitimidad del mismo. Esto es, como pensar la construcción de un lazo social capaz de dar cuenta de un vínculo entre los ciudadanos de los países que integran el bloque y el bloque mismo en términos macro. Elemento indispensable, si se piensa como objetivo hacer del bloque un actor político a nivel internacional y no reducir el mismo a un mero acuerdo comercial. En este sentido, resulta interesante historizar ciertas perspectivas jurídicas y filosóficas recurrentes a fin de dar cuenta de posibles formas de construcción de dicha legitimidad del proceso de integración actual.

A principios del siglo XX Hans Kelsen, uno de los principales exponentes del positivismo jurídico alemán, preocupado en ese entonces por definir el espacio de conocimiento del derecho ante el desarrollo que en este sentido habían alcanzado otras disciplinas, buscó desarrollar parámetros que permitiesen delimitar su campo de estudio de una forma «objetiva». Siguiendo tal propósito, destacó que mientras en otras disciplinas –en especial, en el caso de las ciencias naturales- los vínculos entre dos fenómenos distintos se caracterizan por la existencia de relaciones causales, dicha vinculación no existe en el derecho. Esto es, el vínculo entre un delito y su sanción no se explica como fenómeno natural sino por la existencia de una norma que establece una sanción ante cierto hecho. Así, a partir esta relación entre un hecho y su sanción, esta «relación de imputación» de acuerdo con una norma jurídica, Kelsen plantea la posibilidad de delimitar estrictamente y de forma «objetiva» el campo de análisis del derecho al análisis de esas relaciones de imputación; un análisis de ese «deber ser» establecido por las normas.

De este modo, al elaborar una perspectiva centrada en el análisis de la relación «norma/sanción» en un sentido abstracto y ahistórico, omite la posibilidad de analizar la construcción de la norma en tanto relación social, o sea como un aspecto de un proceso histórico en construcción.

Así, ante la duda sobre ¿cómo pensar la construcción de legitimidad de un proceso de integración? se resalta la necesidad de que «la ciudadanía tiene que tener un espacio donde expresarse»"[1]. Esto es la necesidad de crear espacios formales de participación, ante lo cual, si el déficit es de legitimidad e identidad y no un déficit de canales institucionales, puede preguntarse ¿por qué se piensa como respuesta la creación de espacios formales? ¿Por qué la formalidad del espacio de participación bastaría para lograr un mayor sentido de pertenencia, de identificación, en torno al proceso de integración en construcción?. Así, la crítica no apunta a la existencia de un espacio de representación, sino a resaltar la carencia de un sentido en su utilización. El no considerar en la construcción de dicho espacio la elaboración de sus prácticas, sus funciones y los efectos de poder que éstas pudiesen generar en tanto herramienta para pensar la construcción de legitimidad. Reduciendo así la razón de ser de dicho posible espacio a la objetivación de una suma de representaciones nacionales.  

Por otra parte, desde otra perspectiva se suele considerar la posibilidad de lograr un mayor grado de legitimidad -¿y de identificación?- de parte de la ciudadanía de los diversos países, de lograr mejores resultados en torno a ciertas aspiraciones compartidas por los ciudadanos tales como un mayor respeto por los derechos humanos, reducción de la corrupción, etc. De este modo se asocian eventuales mejoras a una mayor identificación de parte de la ciudadanía. Razonamiento que confunde las posibilidades de elaborar consensos sobre ciertos temas específicos con las posibilidades de elaborar un vínculo societal, ligado este último a ciertas prácticas sociales e historia común.

La institución en su trama histórica

Ante dichas perspectivas, es interesante destacar el modo en que Foucault analiza el desarrollo histórico de la cárcel, el modo en que reintroduce el análisis de la subjetividad al dar cuenta de la constitución misma de la institución en su trama histórica.  Esto es, frente a la posibilidad de analizar las funciones, los objetivos y los fines mismos de las instituciones a partir del desarrollo de las normas jurídicas, del «deber ser» sancionado por las normas, encontrando como trasfondo de su sanción «la voluntad del legislador» en un sentido abstracto y ahistórico. Foucault nos propone analizar su desarrollo en la misma trama histórica, estudiar la metamorfosis de los métodos punitivos a partir del modo como se ejercía concretamente y en los detalles, con su especificidad, sus técnicas y sus tácticas; analizarlo como unas técnicas más de procedimientos de poder. Procedimientos de poder que no se limitan a pensarlos en términos estrictamente represivos, sino reintegrarlos a toda una serie de efectos «positivos» en tanto productores de pautas de comportamiento.

En este sentido, resulta interesante el abordaje propuesto por Foucault para pensar la construcción de dicho entramado institucional, la elaboración de sus prácticas, sus funciones y los efectos de poder que éstas pudiesen generar. Ello en tanto que permite pensar la construcción del proceso de institucionalización como un aspecto de una relación social en construcción y con ello su legitimidad como un aspecto construido históricamente –evitando así la confusión entre legitimidad y legalidad-.

La construcción institucional como elaboración de un nexo: un ejemplo

En este sentido, resulta interesante prestar atención a las pautas y modalidades de intervención a las que dieron lugar los acuerdos en materia automotriz en el bloque regional. El mismo, por tratarse de un sector especialmente sensible para Brasil y la Argentina fue desrregulado a partir de una serie de acuerdos comerciales. A diferencia de la inmensa mayoría de los productos, éstos no solo impulsaron la liberalización comercial a partir de la reducción de los aranceles, sino que también fueron delineando una especialización productiva y con ello un modo de «cooperación» e inserción especifico de las empresas de cada uno de los países, respecto del proceso de integración regional.
 

Dada la interrelación entre dichos modos de inserción productiva, sus prácticas y consecuencias específicas –económicas y simbólicas- con la legitimidad que para dichos actores tenga el proceso de integración en construcción. Resulta interesante considerar el tipo de prácticas promovidas por los acuerdos elaborados –estimulando formas de complementación o de competencia- como una forma efectiva de pensar la construcción de legitimidad. Ello, en razón de que las instituciones de hecho no desarrollan solo las funciones que le atribuyen las leyes… sino que también «producen un sentido»[2] en los actores sociales involucrados.

Sebastián Cabañuz es jurista argentino.

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