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	OPINIÓN Argentina, la crisis recae sobre la población por Raúl Bernal-Meza


	Pretender analizar el plan económico de Eduardo Duhalde excluido del contexto de lo que implica su propia administración, como parte de un proceso histórico que se remonta al golpe de Estado de 1976, y de los elementos políticos, económico-financieros, sociales y culturales que constituyen el núcleo estructural de su gestión presidencial, es un esfuerzo inútil además de poco serio. El objetivo entonces es echar luces sobre estas cuestiones, fuera de las cuales el programa económico parecería dirigirse a cualquier otro país en condiciones de crisis económica coyuntural; pero éste no es el caso argentino, hoy en la fase terminal de su modelo de Estado. ¿Cuál es la situación del país en la que se insertan sus propuestas? Duhalde asume el gobierno como un presidente de transición luego de conducir un movimiento de poder interno que puso al anterior presidente, designado por el Congreso y de su propio partido, Rodríguez Saa, ante la disyuntiva de renunciar o enfrentar la fuerza de su aparato de poder centrado en los populosos municipios del gran Buenos Aires; falto de legitimidad popular-ciudadana, pero con el apoyo legislativo de gran parte del partido Justicialista, del Radicalismo y el Frepaso -alianza ésta que abandonó el gobierno a fines de diciembre pasado- reuniendo así el apoyo de lo que se considera aquí como el segmento más despreciado de la política pública. Sus antecedentes como gobernador de la provincia de Buenos Aires, así como de algunos de sus más importantes colaboradores estaban lejos de expresar la esperanza de una política distinta a la seguida durante los últimos veintiséis años o de tener como fin último la defensa de los sectores sociales más postergados de la sociedad y que fueron con Juan Domingo Perón el destino de una definida política social en los años cincuenta. En su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, Duhalde prometió tres cosas que tranquilizaban a distintos sectores de la población: salir de la convertibilidad uno a uno del peso argentino con el dólar, devolver los depósitos de los ahorristas en las monedas en que éstos fueron hechos y poner la política pública al servicio de la recuperación del empleo, el apoyo a la producción y la asistencia social a los 14 millones de personas excluidas hoy de la satisfacción de sus necesidades básicas más elementales. De ello, hasta el presente -y nadie espera que esto cambie- sólo cumplió con la primera. Pero esta era una declaración populista que crearía más problemas que los existentes con la convertibilidad, adoptada sin el más mínimo análisis de sus efectos y consecuencias.
	La salida abrupta de la convertibilidad generó una corrida de precios y de desabastecimiento que ha llevado la inflación real acumulada -es decir aquella cuya diferencia deben pagar los ciudadanos con salarios depreciados sobre los cuales se mantienen reducciones acumuladas desde las administraciones anteriores- de entre un 30 y un 40 por ciento en sólo dos meses. A partir de allí, un Plan Económico que se propone una tasa de inflación anual menor al 15 por ciento es simplemente un engaño. El segundo engaño fue la devolución de los depósitos. Es cierto que se estableció un mecanismo para el reintegro, en un plan que va de los diez años, para aquellos que aceptaran un bono de deuda en un país en default, a los dos años, para los que optaran por la «pesificación», pero que representa para los ahorristas pérdidas en ningún caso menor al 40 por ciento (en relación a la devaluación real de la moneda) siempre y cuando en el futuro la economía se mantuviera en márgenes manejables. Lo contrario, que es el único escenario previsible, es que esos depósitos se licuarán, constituyendo la más grande expropiación de propiedad realizada por gobierno alguno desde las experiencias de la Rusia soviética. El tercer engaño, que los sectores de la producción y los desposeídos serían los destinatarios de una nueva política económica y social. No existe ningún elemento en el programa económico del cual se puedan extraer elementos a favor de tal política. La ayuda social prometida en programas de desempleo, condiciones de apoyo a la pequeña y mediana empresa, la ayuda alimentaria, escolar y otras, dadas las necesidades reales del atraso social y la caída de la producción y del empleo son como tapar el sol con la mano y representan en términos nominales y reales muchísimo menos que lo que cualquier gobierno anterior desenvolvió desde 1983. ¿Qué representa entonces su política? Duhalde es la continuidad de una alianza entre el gran capital financiero, los grandes grupos económicos monopólicos y los políticos, que se entronizó en la vida argentina luego del retorno de la democracia en 1983, con algunos agravantes que los inversores, internos y externos deberán tener en cuenta para sus estrategias presentes y futuras: no existe un Estado de derecho que garantice hoy la propiedad privada; es decir, que el principio contractual que justificó este tipo particular de Estado occidental moderno, la asociación de capitalismo y ordenamiento jurídico-político-administrativo, sostenido por la construcción ideológica del Leviatán de Hobbes, no existe. El Estado, por mano de sus administradores gubernamentales, se ha apropiado de la propiedad de los ahorristas y sus 68 mil millones de dólares depositados en los bancos, recursos que sostuvieron la fuga de capitales por la cual la sociedad entre bancos y grandes grupos económico-financieros sacaron del país 28 mil millones de dólares en unos cuantos meses. Aún más, a través de meros decretos, el gobierno desplazó al Poder Judicial de su potestad para responder ante los ciudadanos por la defensa de sus derechos garantizados por la Constitución, como son la protección de la propiedad y la posibilidad de recurrir a la justicia.
	El segundo instrumento para continuar la apropiación y transferencia de riqueza desde la sociedad civil hacia los grandes grupos económico-financieros ha sido la normativa por la cual se «pesifican» las deudas en dólares de estos últimos. Aduciendo la defensa de los deudores constituidos por las pequeñas y medianas empresas y salvar el patrimonio de aquellos que compraron una vivienda con una hipoteca según la ley de convertibilidad, se ha permitido que los grandes grupos conformados por alianzas entre bancos, empresas filiales, bancos internacionales y empresas privatizadas, paguen a valor 1 peso = 1 dólar sus deudas. El sistema tan perverso se explica de la siguiente manera: una empresa (como de la que existen decenas de ejemplos) tomó créditos en dólares, en la plaza local, por 400, 600 o más millones de dólares, que luego transfirió al exterior a través de los mismos bancos que les prestaron y que hoy, con la mitad de esos recursos pagarán sus créditos, vendiendo los dólares en el mercado local a una cotización de 1 dólar = 2 pesos. El costo para el pueblo argentino de este enriquecimiento ilícito, según las estimaciones más sobrias alcanza los 22.000 millones dólares, cifra que nuevamente pagará el pueblo argentino. En síntesis, la viabilidad del programa económico es quizás menor que la continuidad del propio gobierno, al que ningún sector de la socieda argentina da más de tres meses de vida. (Buenos Aires, IPS)
	Raúl Bernal-Meza, sociólogo, profesor de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y de la Universidad de Buenos Aires.

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	14 de marzo de 2002