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	OPINIÓN ALCA, un desafío con armas desiguales por Germán A. de la Reza
		Siguen sin perfilarse los beneficios del ALCA Es un esquema sin instrumentos de cooperación

	Luego de siete años de diferencias y contrapuntos con el Congreso, el Ejecutivo estadounidense acaba de ver aprobada en la Cámara Baja su solicitud de autoridad fast track (vía rápida), para la negociación de acuerdos de libre comercio. Debiéndole más a la convocatoria al «voto patriótico», generado por los atentados del 11 de septiembre, que a una campaña convincente ante los congresistas, la concesión de dicha autoridad al Presidente George W. Bush representa la mejor noticia del año para sus negociaciones comerciales. Esta pone en agenda de prioridades el desarrollo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) -principalmente la conformación de la Ronda del Milenio- así como dos iniciativas con profundo impacto para América Latina: la adhesión de Chile al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la aceleración de las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La admisión de un segundo país latinoamericano al TLCAN después de México y la mayor capacidad negociadora de Estados Unidos en el ALCA intervienen seis meses después de la presentación en la Cumbre de Québec del borrador del Tratado hemisférico, cuando se hacía imprescindible el aval del Congreso para avanzar en los procedimientos y especificaciones del futuro acuerdo hemisférico. Como era previsible, esta noticia ha reavivado tanto el entusiasmo como las oposiciones al ALCA. De un lado la mayoría de los gobiernos de la región y amplios sectores empresariales, y de otro los organismos no gubernamentales y gremiales, junto a la participación cada vez más condicionada de Venezuela y Brasil.
	Sin embargo, el debate suscitado por la aprobación de la vía rápida en la Cámara Baja y sus ribetes mediáticos corren el riesgo de esconder una vez más el fondo del problema: ¿por qué América Latina pone tanto empeño en la prosecución de un acuerdo que no le significa concesiones sustanciales por parte de Estados Unidos y que, por el contrario, exige a los países pequeños y medianos del continente un elevado esfuerzo desde el punto de vista de la adecuación y las concesiones arancelarias? La inquietud no obedece tanto a la falta de respuestas, sino al débil fundamento que ofrecen los argumentos en boga. Consideremos algunos de éstos, empezando por el principal: lograr el acceso preferencial al mercado estadounidense para las exportaciones latinoamericanas. Siguen sin perfilarse los beneficios del ALCA Por el tipo de acuerdo y considerando el rumbo de las negociaciones, es probable que lo substancial de la liberalización se lleve a cabo en el terreno de los aranceles. Si se considera que Estados Unidos tiene un promedio arancelario relativamente bajo (tres por ciento frente al 10 por ciento latinoamericano) y que los instrumentos que emplea ese país para la protección de su mercado son principalmente no arancelarios (sin concesiones importantes dentro del ALCA), la creación del acuerdo hemisférico no parece encaminado a generar un acceso muy distinto al actual para Latinoamérica.
	Obsérvese que ninguna de las barreras incluidas en su Ley de Comercio de 1974 (la Sección 301 y sus derivados, las Secciones 232 y 122), o la Ley Agrícola de 1956, ha sido propuesta para su erradicación. Lo propio acontece con las medidas Antidumping y las reglas de origen, utilizadas en ese y otros países a menudo con fines anticompetitivos. Incluso es probable que el ALCA les confiera un lugar más aceptable dentro de los usos y costumbres del comercio interamericano. Otro beneficio que se invoca a favor del ALCA es la captación de un mayor flujo de inversiones extranjeras directas (IED). Normalmente este tipo de inversión es sensible a los proyectos de ampliación de mercados y a sus oportunidades para la industria de escala. Sin embargo, no es el único factor que considera una empresa multinacional. Los otros elementos pueden ser tanto o más importantes, como la existencia de salarios competitivos, la presencia de infraestructura y legislaciones adecuadas, la cercanía a mercados centrales, el desempeño macroeconómico o político del país, entre otros. Esto hace que la atracción de la IED sea un asunto más complejo e incierto que la mera proliferación de acuerdos de libre comercio, sin contar con que la masa de capital disponible es hoy menor a las necesidades productivas de América Latina y que la rivalidad internacional por estos flujos va en aumento. Un tercer objetivo que persiguen los gobiernos en las negociaciones del ALCA es reducir el fenómeno de desviación de comercio y el desgaste administrativo provocado por la existencia de aproximadamente 41 acuerdos comerciales en el continente. Es un esquema sin instrumentos de cooperación En efecto, la limitada cobertura geográfica de estos acuerdos (en su mayoría bilaterales) y la superposición de sus competencias, representan una fuente de discriminaciones que es necesario acotar. No obstante, esta tarea no podría ser realizada por el ALCA sin la directa participación de los acuerdos subregionales latinoamericanos, principales afectados por la proliferación del bilateralismo inspirado en el TLCAN. El ALCA representa sobre todo un instrumento de apertura del mercado estadounidense y, en consecuencia, su diseño no contempla el control del intercambio preferencial intra-latinoamericano, motivo fundamental de los acuerdos en cuestión.
	Existe una última explicación, quizá la más plausible: los países pequeños y medianos no buscan en el ALCA el notable incremento de sus ventajas comerciales, sino evitar los costes que les ocasionaría la no-participación en un acuerdo en el que apenas pueden influir. Con todo, la participación en el ALCA no implica un acuerdo neutro y sin costes ex ante para los países de la región. En concreto, el ALCA se perfila como un esquema sin instrumentos de cooperación, carente de tratamiento especial para las economías más vulnerables (salvo calendarios prolongados, inútiles para hacer frente a las limitaciones del menor desarrollo), falto de soluciones para los problemas medioambientales y laborales de los países más pobres, y no sólo no toma en cuenta a los esquemas de integración latinoamericanos, sino que los debilita mediante una convocatoria de tipo estelar. Tanto las negociaciones como la dinámica emergente del ALCA se presentan bajo la forma de un sistema de relaciones bilaterales de cada país por separado con Estados Unidos. Ante esta perspectiva deviene apremiante para las sociedades de América Latina la construcción de un debate amplio e incluyente sobre las consecuencias de este acuerdo. Esa tarea implica, antes que nada, el abandono de la actitud de avestruz que ha caracterizado a parte significativa de los análisis latinoamericanos. Aunque las negociaciones no están exentas de dificultades y de importantes disensos, es cada vez más claro que la creación del ALCA presenta un desafío sin precedentes al subcontinente. En varios sentidos «el mejor ALCA para América Latina», como propone el SELA, encarna precisamente el desafío de evitar trastocarse en objetos pasivos de una realidad que se construye ante nuestros ojos. (México, DF/ IPS)
	Germán A. de la Reza es profesor e investigador en integración económica en las universidades UAM y la UNAM de México. Es considerado una de las principales autoridades latinoamericanas en el tema del ALCA.

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