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	NOTICIAS Argentina: El Estado gana poder en Aerolíneas


	El Estado argentino incrementó hasta un 5% su participación dentro de Aerolíneas Argentinas y recuperó, además, su poder de veto en algunas de las decisiones cruciales de la empresa en temas como las disminuciones de frecuencias o el levantamiento de rutas. De esta manera, quedó formalizado el acuerdo que a mediados de año firmaron en Madrid el presidente Néstor Kirchner y su colega español José Luís Rodríguez Zapatero. Para llegar a esa nueva situación, el Gobierno no desembolsó un centavo. Hasta fines de noviembre, el Estado tenía 1,59% de Aerolíneas. El 3,41% fue una cesión gratuita del mayoritario grupo Marsans, tras la asamblea del directorio de la compañía. Esa asamblea fue crucial en más de un aspecto. El más obvio es que se cambió el estatuto de la compañía y ahora el Estado tendrá dos directores, en vez de uno. Esos dos directores deberán aprobar cualquier modificación «sensible» de rutas, o de alianzas con otras aerolíneas. Si no aprueban, las modificaciones no se pueden hacer: en eso consiste la «acción de oro». El nuevo estatuto no dice nada, en cambio, sobre el veto a futuras capitalizaciones de la empresa que pudieran volver a licuar la participación estatal. Pero además, el Estado dejó sin efecto la impugnación a los balances de Aerolíneas. Durante tres años, entre 2002 y 2004, los balances habían sido positivos y sólo aprobados por el grupo Marsans. El Estado, representado por el secretario de Transportes, había dicho que no. Esa impugnación por parte del Estado, a su vez, impedía legalmente a Aerolíneas salir a cotizar en la Bolsa. Ahora todo cambió: el Estado desistió de continuar con la impugnación y aprobó el Balance 2005 de la empresa, que arrojó pérdidas (las pérdidas operativas habrían sido de cien millones de euros). Al aprobar el balance 2005, automáticamente se cayó la objeción sobre los resultados entre 2002 y 2004, período en que Aerolíneas fue manejada por el español Antonio Mata. Hubo de todas maneras un factor de oposición a esta nueva estrategia, en la que Kirchner vuelve a tener un cierto control sobre la aerolínea, si bien seguirá siendo propiedad mayoritaria del consorcio turístico español. El balance fue impugnado, esta vez, por los trabajadores, representados a través del Programa de Propiedad Participada (PPP): si bien poseen sólo 0,59% de las acciones, la impugnación de la PPP podría acarrear una complicación para la estrategia de Aerolíneas, que sigue siendo la de salir a cotización pública. Según fuentes del sector, uno de los nuevos directores del Estado sería Raúl Argañaraz, actual gerente de Enarsa y cercano al ministro Julio De Vido. Oposición de los gremios El Estado había perdido su «acción de oro» en Aerolíneas a mitad de 1994, tras una negociación entre el entonces ministro Domingo Cavallo e Iberia, dueña de la firma en esa época. Pero ese mayor control estatal no es suficiente para los sindicatos de pilotos (APSA) y mecánicos (APTA), que se opusieron a la nueva estrategia oficial a través del mismo mecanismo que había usado el gobierno de Kirchner hasta ahora: impugnaron el balance de la empresa. El siguiente paso de los gremios será ir a la Justicia para pedir la nulidad del balance. «Estamos analizando si se presentará un recurso de amparo o algún otro instrumento», dijo Juan Pappalardo, titular de APTA, el mismo gremio que integra —en uso de licencia— el Subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli. Este último no puede decidir nada con respecto a Aerolíneas: está inhibido por recomendación de la Oficina Anticorrupción. (Luís Ceriotto).


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