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20 de marzo de 2003

Unos 400.000 ahorristas de la Argentina, cuyos depósitos en dólares permanecen atrapados en bancos desde 2001, podrán reclamar su devolución en esa moneda tras el fallo judicial del cinco de marzo, que declaró inconstitucional la conversión forzosa de las colocaciones a pesos argentinos.

Luego de meses de debates, la Corte Suprema de Justicia emitió la sentencia más temida por el gobierno, favorable en este caso a la provincia de San Luis.

El gobierno de esa provincia de 360.000 habitantes no puede acceder desde diciembre de 2001 a 247 millones de dólares depositados en una sucursal del estatal Banco Nación.

Esa colocación equivalía hasta entonces a 247 millones de pesos, en virtud de la ley de convertibilidad, que mantuvo durante más de 10 años el valor del peso equivalente a un dólar.

Pero en diciembre de 2001, las autoridades congelaron la salida de depósitos, y en enero de 2002 la moneda fue devaluada. Cada dólar valió 1,40 pesos. Las autoridades dispusieron entonces la llamada «pesificación compulsiva» de los depósitos en dólares, a un cambio de 1,40 pesos por dólar.

Pero los depositantes seguían sin poder acceder a su dinero. La devolución se haría en cuotas que comenzarían a pagarse en 2005, decía el gobierno, mientras la moneda continuaba depreciándose.

Así, a mediados de 2002, cuando la moneda estadounidense llegó a cotizarse a 3,80 pesos, los 247 millones de San Luis habrían podido cambiarse a casi 1.000 millones de pesos.

Ahora, la justicia dispone que San Luis trate de acordar con el Banco Nación cómo y en qué plazos se le devolverá su depósito. A tal fin, fijó un periodo de 60 días. Si en ese plazo la negociación no arroja acuerdo, será el tribunal el que decida la forma en que se compensará a la provincia afectada.

El presidente Eduardo Duhalde había señalado una semana antes que los jueces «quieren gobernar», en una alusión a la inestabilidad económica que podría provocar este fallo. La resolución «será un duro golpe para la economía argentina», sostuvo ese miércoles el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá.

Y es que aunque el fallo se circunscribe a este caso, sus argumentos sientan jurisprudencia para que los ahorradores con depósitos en dólares recurran a la justicia por una devolución en la misma moneda y no en pesos, como pretendió el Estado mediante el decreto «pesificador».

De todos modos, cada ahorrista deberá recorrer un proceso judicial desde la primera instancia, y se desconoce si conseguirán finalmente un reintegro en efectivo, o en bonos a cobrar en algunos años. De hecho, el Banco Nación ya intentó esta última salida, al ofrecer a San Luis papeles en dólares, canjeables en 2012.

La sentencia definitiva de la Corte fue aprobada por cinco magistrados, mientras los tres restantes votaron en contra. Esto pone punto final al litigio iniciado por la gobernadora de San Luis, Alicia Lemme, quien se negaba desde hacía casi un año a aceptar la «pesificación» compulsiva del depósito del tesoro provincial y empujó su caso hasta el máximo tribunal.

Lemme pernoctó dentro de la sede judicial a la espera de un desenlace anunciado para la víspera. Al conocer el fallo, señaló que es «un triunfo importante para los habitantes de San Luis y para los ahorristas. Los fundamentos del fallo voltearon el decreto de pesificación».

La Corte sostuvo que el decreto fue «inconstitucional», una declaración aguardada por casi 400.000 ahorradores que aún padecen el efecto del llamado «corralito» dispuesto en diciembre de 2001 por el gobierno para detener una masiva salida de depósitos de los bancos.

La mayoría tiene depósitos con devoluciones programadas en cuotas y en pesos. La mitad había presentado un recurso de amparo ante la justicia para hacer valer su derecho de propiedad garantizado por a Constitución. Pero de los 200.000 recursos presentados, los tribunales sólo han dado curso a 20.000 hasta ahora.

Organizaciones de ahorristas festejaron el fallo, que muchos aguardaban fuera de la sede judicial. «Dios iluminó a los ministros de la Corte para frenar el robo más grande que se iba a perpetrar contra los argentinos», clamó un hombre luego de cantar el himno nacional junto a otros damnificados.

A su lado, una mujer decía que el fallo puso fin «al maldito calvario de los ahorristas», y otra subrayaba que el logro de la gobernadora «es un ejemplo que muestra que si los argentinos luchamos por nuestros derechos vamos a conseguir que se respeten».

«La corte acaba de avalar la seguridad jurídica al afirmar que la propiedad privada es inviolable y ningún argentino puede ser privado de ese derecho», dijo emocionado el líder de un grupo de ahorristas, el actor Nito Artaza. Y remató añadiendo que «nunca más un gobierno avanzará sobre nuestros derechos».

Los depositantes más activos en la defensa de su dinero continúan efectuando tres manifestaciones semanales en el distrito bancario de Buenos Aires y otras capitales de provincia.

A partir de la crisis de 2001, golpearon cacerolas, apedrearon sedes de sucursales bancarias y hasta pintaron leyendas en los muros contra los banqueros.

Este fallo y sus consecuencias podrían costar a los bancos más de 8.000 millones de dólares, según las estimaciones del Banco Central. Ese es el monto que las entidades financieras reclamarán al Estado nacional como compensación por el cambio de reglas de juego, la devaluación y la pesificación compulsiva y asimétrica.

Es que el Estado no sólo convirtió los depósitos en dólares a una cotización de 1,40 pesos por dólar, sino que estableció un cambio de un peso igual a un dólar para los pagos de tomadores de créditos hipotecarios. Esa ventaja se mantiene aún para los deudores de los bancos que están pagando en pesos sus préstamos en dólares, pese al fallo judicial del cinco de marzo. (Buenos Aires).

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