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	ANÁLISIS América Latina, una aliada relativa de Bush por Gustavo González
		La mayor oposición a la guerra, en Argentina Militarización de los conflictos sociales Apoyo condicionado

	La mayoría de los latinoamericanos consideran el terrorismo un fenómeno global un año después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, pero también reprueban el ataque de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Afganistán y parecen reacios a apoyar una acción militar contra Iraq. Activistas humanitarios y analistas internacionales plantean que en el último año América Latina se ha visto empujada a actuar como aliada incondicional de Estados Unidos, cuya hegemonía ya no se expresa sólo en el concepto de gran potencia sino de «prepotencia», como dijera el ex senador socialista español Jordi Solé Turá. Más allá de los apoyos de los gobiernos latinoamericanos a la cruzada antiterrorista de Bush, la legitimidad del pretendido liderazgo de Washington se ve cuestionada por su actitud frente a la agudización en la región de una crisis económica en cuyo origen Estados Unidos también tuvo una alta cuota de responsabilidad. En la encuesta Latinobarómetro 2002, realizada entre abril y mayo, el 60 por ciento de las 18.526 personas entrevistadas en toda la región respondieron que hay «una amenaza terrorista mundial». Esa afirmación fue sostenida por el 57 por ciento de los consultados en América del Sur y México, y por el 66 por ciento en América Central. La misma consulta, que se supone es representativa del pensamiento de los 480 millones de habitantes de la región, estableció también que el 57 por ciento de los entrevistados rechazaron la guerra contra Afganistán. Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron su ataque armado sobre Afganistán a fines de 2001, como represalia contra el régimen talibán en ese país por los atentados del 11 de septiembre, que derribaron las torres gemelas de Nueva York y destruyeron parte del Pentágono, la sede del Departamento de Defensa, en Washington.
	La mayor oposición a la guerra, en Argentina La opinión contraria a la guerra contra Afganistán alcanzó al 62 por ciento en México y América del Sur y al 45 por ciento en América Central, según los resultados de la encuesta difundidos a fines de agosto. Resulta sintomático, en el marco de la encuesta por países, que el mayor rechazo a la acción de Washington y Londres contra el movimiento Talibán y Osama bin Laden se registrara en Argentina, donde el 80 por ciento de los entrevistados se manifestó en ese sentido. Bush, mientras busca apoyo político a su cruzada antiterrorista en América Latina, se ha mostrado reacio a respaldar a Argentina en su intento por superar la severa crisis económica que afronta y, más aún, comparte la dureza «ejemplarizadora» del FMI (Fondo Monetario Internacional) ante el país sudamericano. La misma encuesta Latinobarómetro indicó que en una escala de uno a 10, la entidad internacional mejor evaluada por los latinoamericanos fue la Organización de las Naciones Unidas, con 6,86 puntos, mientras la peor nota fue para el FMI, con 5,10. El analista argentino Marcelo Cantelmi advirtió que la posición de Estados Unidos ante la crisis regional, que apuesta a disciplinar la economía bajo la rígida ortodoxia neoliberal, llevará a un futuro sin crecimiento y sin consumidores, es decir a «un libre mercado literalmente sin mercado». En la política estadounidense hacia la región se complementan los objetivos de liderazgo mundial de Bush con su posición ante el deterioro de la economía y sus consecuencias sociales, según la historiadora Margarita Iglesias, coordinadora en Chile de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana (ATTC).
	Militarización de los conflictos sociales «El 11 de septiembre de 2001 ha servido de pretexto para militarizar los conflictos sociales, condenándolos como favorables al terrorismo», dijo Iglesias. Agregó que están surgiendo «nuevas formas de represión, asociadas a la militarización de los países de América Latina». El ejemplo más notable de esa tendencia, según la activista, es el Plan Colombia, implementado originalmente para luchar contra el narcotráfico. Iglesias señaló que el Plan Colombia es un pretexto para instalar «una nueva forma de combate contra las protestas sociales y las luchas por los derechos de la ciudadanía». Por su parte, el analista colombiano Humberto Tobón y Tobón calificó de «chantaje gringo» a las presiones de Washington para que Bogotá suscriba un acuerdo bilateral, que deje fuera de la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) a los soldados estadounidenses destinados en Colombia. En el Congreso de Estados Unidos se tramita una nueva ley antiterrorista, que prevé el cese de la ayuda militar a países que, habiendo ratificado el tratado que creó la CPI en vigencia desde el 1 de julio, «no aseguren la protección de ciudadanos y militares estadounidenses». Eso significa que esos países deben sustraer a misiones militares de Estados Unidos de la jurisdicción de ese tribunal mundial, no reconocido por el gobierno de Bush, y que fue creado para juzgar a autores de crímenes contra la humanidad impunes en su nación de origen o que hayan escapado de ella. Estados Unidos pondrá así a buen recaudo a sus tropas en eventuales intervenciones militares en alguno de los 60 países comprendidos en el «eje del mal», ya sea por considerarlos aliados del terrorismo, como Iraq, o por tener en su territorio grupos calificados de terroristas, como Colombia. Un año después de los atentados en Nueva York y Washington, América Latina observa, al igual que el resto del mundo, los propósitos de Estados Unidos de atacar Iraq y derrocar al régimen de Saddam Hussein.
	Apoyo condicionado La última semana de agosto llegó a la capital chilena Richard Haass, principal asesor del secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, para sondear la posición del gobierno de Ricardo Lagos frente a la eventual acción militar contra Iraq. Haass sostuvo reuniones con el ministro del Interior, José Miguel Insulza, y con el director de Planificación de la Cancillería, Carlos Portales. Chile pasará a ser desde enero de 2003 uno de los miembros temporales del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y, por tanto, tendrá un papel clave para marcar en esa instancia la posición de América latina ante la prevista nueva fase de la «cruzada antiterrorista» de Bush. El ministro de la Secretaría General de Gobierno y portavoz de Lagos, Heraldo Muñoz, declinó anticipar posiciones del gobierno chileno ante una situación vista ahora como «eventual», pero apuntó que el respaldo de Chile a Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre no significa un apoyo incondicional. El 27 de agosto, en una columna del diario Clarín de Buenos Aires, Cantelmi sostuvo que «la acción contra Saddam (Hussein) no parece tener relación alguna con los episodios del 11 de septiembre, ni con el capítulo de Afganistán», sino que «se trata de una estrategia dirigida a extender las fronteras del imperio». (Santiago de Chile)


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	12 de septiembre de 2002