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	ANÁLISIS Argentina: Los alivios de Lavagna Por Carlos Alfieri
		No al bono compulsivo La inexorable decisión judicial El país no puede agotar sus reservas

	Tras la intensa última semana de noviembre que el ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, vivió en Europa, donde desarrolló una serie de encuentros con autoridades y empresarios de Alemania, Francia, Italia y España, su regreso a Buenos Aires le proporcionó algunos motivos de alivio. Por un lado, la apertura de las puertas del «corralito», que después de un año permite a los titulares de cuentas corrientes y libretas de ahorro disponer libremente de sus fondos, antes retenidos en los bancos –21.000 millones de pesos, cerca de 6.000 millones de dólares al cambio actual–, no encendió los escenarios apocalípticos que algunos habían imaginado. Fue un aterrizaje relativamente tranquilo, que no produjo mayores oscilaciones cambiarias. Por otro lado, el fantasma del inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispondría la redolarización de los depósitos bancarios transformados en pesos devaluados por el gobierno parecía alejarse por un tiempo. El martes 3, el miembro más antiguo de ese tribunal, Carlos Fayt, reveló ante sus pares que tenía un depósito de plazo fijo superior a los 200.000 dólares en una entidad bancaria, por lo que se alejaba del caso. Así, el temido fallo de la Corte comenzó a desinflarse.
	No al bono compulsivo Ese mismo día, Lavagna recibió en la sede de su ministerio a una crispada delegación de directivos de la banca –nacional y extranjera, estatal y privada– que le reiteraron la extrema inquietud que les produciría un eventual fallo del tribunal superior de Justicia favorable a la devolución en dólares de los depósitos retenidos. La liberalización no incluye al llamado «corralón», que comprende los fondos colocados a plazo fijo, que ascienden a unos 16.000 millones de pesos (equivalentes, en el momento en que se ingresaron, durante la vigencia del régimen de paridad cambiaria, a 16.000 millones de dólares). La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) sostiene que el sistema financiero no podría cumplir con la hipotética decisión de reintegrar de inmediato esos depósitos a sus titulares. Por ese motivo, los bancos, particularmente los de origen norteamericano, pretenden que el gobierno aplique un bono compulsivo para compensarlos en una eventual redolarización, a lo que se opone terminantemente Lavagna. De acceder a esa pretensión, el Estado terminaría pagando los costos de la sentencia.
	La inexorable decisión judicial En el gobierno se descuenta que finalmente la Justicia obligará a la devolución de los depósitos en dólares, pero se especula con una demora de la decisión y con que ésta disponga el reintegro a plazos. Además, se considera que un fallo de esa naturaleza sólo puede afectar a los casos que han sido llevados a los tribunales, puesto que la esperada sentencia está referida a un caso concreto tramitado en la Corte Suprema. Otro aspecto fundamental es con qué criterio se dispondría la redolarización. Si fuera con el régimen original de paridad peso–dólar, el Ministerio de Economía estima que los pasivos de las empresas crecerían en 34.000 millones de pesos, lo que equivale al 8,5 por ciento del Producto Interior Bruto argentino, y el costo fiscal para el Estado sería de 28.500 millones. En Madrid, última escala de su gira europea, el ministro Lavagna declaró que en todas las conversaciones que mantuvo, que fueron concretas y estrictamente de trabajo, procuró clarificar cuál es la verdadera posición de Argentina en sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que creía que había logrado su objetivo, porque percibió un grado de comprensión adicional de las autoridades y empresarios europeos.
	El país no puede agotar sus reservas Como ejemplo de un malentendido que aclaró puso la decisión argentina de posponer el pago del capital en sus compromisos con los organismos financieros multilaterales que, señaló, no obedece a una táctica de negociación sino que es una situación puramente fáctica. Y explicó que hasta el 25 de mayo de 2003, la fecha en que el gobierno de Duhalde finalizará su mandato, Argentina debe enfrentar vencimientos por valor de 9.700 millones de dólares, casi la totalidad de sus reservas. Ningún gobierno del mundo, afirmó, podría pagar en esas circunstancias. Lavagna se negó a dar fechas y plazos para las negociaciones con el FMI porque, según él, todos los problemas técnicos están resueltos desde hace dos meses y las incertidumbres políticas y judiciales que subsisten no pueden resolverse técnicamente. Argentina cumplió con todas las exigencias del Fondo, dijo, y los funcionarios europeos lo comprendieron así. Paradójicamente, dos economistas norteamericanos pertenecientes al Center for Economic and Policy Research (CEPR) de Washington, Alan Cibils y Mark Weisbrot, se preguntan en un artículo publicado en el diario Clarín de Buenos Aires quién pierde más sin el acuerdo entre Argentina y el Fondo. Tras constatar los leves pero alentadores indicios de reactivación económica argentina, motorizada por una recuperación de las exportaciones, aventuran que los organismos multilaterales de crédito también tienen mucho que perder, y que «las consecuencias de un default (de Argentina) podrían no ser peores que las consecuencias de un acuerdo con requisitos adversos para el país». (Madrid/Comunica).


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	5 de diciembre de 2002